El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, firmó un importante convenio con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) para unificar los procedimientos de inscripción de las personerías jurídicas de las comunidades originarias de la provincia. Este acuerdo tiene como objetivo simplificar los trámites burocráticos y fortalecer la participación de los pueblos indígenas en la vida política y social de la región, permitiéndoles una representación más efectiva ante las autoridades.
El acuerdo también establece una cooperación técnica para garantizar que las comunidades indígenas sean consultadas de manera previa, libre e informada antes de que se implementen proyectos de desarrollo o inversión que puedan afectar sus territorios. Este principio, reconocido a nivel internacional, busca asegurar que las decisiones que involucren a estas comunidades se tomen con su participación activa y consentimiento.
La ministra de Derechos Humanos de Misiones, Karina Aguirre, explicó que este convenio dará a las comunidades indígenas un espacio para intervenir en las decisiones que se tomen sobre sus territorios y necesidades, lo que constituye un avance significativo en su inclusión política. La provincia de Misiones, detalló Aguirre, ya había estado trabajando de manera articulada con el INAI, participando activamente en el Consejo Federal de Políticas Indígenas y colaborando en los relevamientos territoriales que realiza el instituto.
Sonia Ochoa, directora de Tierras y Registro Nacional de Comunidades Indígenas, destacó que este convenio permitirá que las provincias tomen un rol más activo en el registro y formalización de las comunidades indígenas, brindando apoyo técnico y reconociendo los derechos de estos pueblos. También subrayó la importancia de este convenio en la promoción de un desarrollo sostenible, respetando siempre la consulta a las comunidades antes de llevar a cabo proyectos productivos.
Durante el acto de firma, el gobernador Passalacqua resaltó el valor del acuerdo, mencionando que el Estado debe actuar de manera unificada y colaborativa para respetar y preservar la cultura y los derechos de los pueblos originarios, especialmente de la comunidad mbya guaraní. Afirmó que, si bien el trabajo es complejo, la coordinación entre los diferentes ministerios y organismos es esencial para garantizar que las comunidades indígenas tengan acceso a las herramientas necesarias para su desarrollo y participación.
Por su parte, Osvaldo Morínigo, cacique de la comunidad Caá Cupé de Ruiz de Montoya, mencionó que este tipo de acuerdos es fundamental para que las comunidades puedan participar en la toma de decisiones sobre programas y proyectos que beneficien directamente a sus integrantes. Destacó la importancia de tener un espacio de diálogo con el Gobierno provincial para garantizar que sus voces sean escuchadas y respetadas.
El convenio establece que la Dirección de Asuntos Guaraníes y la Dirección Provincial de Personas Jurídicas serán las encargadas de gestionar los expedientes de inscripción de las comunidades, recopilando los requisitos necesarios para la formalización de cada una. Este marco de trabajo responde a lo establecido en la Constitución Nacional y a la Ley Nacional N.º 24.071, que ratifica el Convenio N.º 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales.
El proceso de inscripción se acelerará gracias a este acuerdo, permitiendo a las comunidades que ya han iniciado sus trámites ante el INAI continuar con el proceso a nivel provincial, sin necesidad de volver a empezar. Entre los requisitos que deben presentar las comunidades para obtener su personería jurídica están la solicitud formal, una descripción de sus pautas organizativas, una reseña histórica sobre su origen y una lista actualizada de sus miembros. Además, deberán presentar copias de los documentos de identidad de sus autoridades y el acta de la asamblea que aprueba su solicitud.
Este acuerdo no solo busca fortalecer la estructura organizativa de las comunidades indígenas, sino también garantizar su participación en los procesos de desarrollo que puedan tener un impacto en sus tierras y modos de vida, alineándose con los principios de respeto y consulta reconocidos internacionalmente.
Fuente: El Territorio