El juicio por el atentado a la AMIA sigue en curso y, recientemente, se han llevado a cabo esfuerzos para centralizar y preservar los archivos relacionados con el caso. El Ministerio de Justicia informó que se ha completado la primera etapa de la centralización de los archivos que estaban en poder de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y que se refieren al atentado contra la AMIA. Se espera que después del receso de invierno se traslade lo que se encuentra en la calle Estados Unidos a la nueva ubicación en el Palacio Barolo.
No obstante, agrupaciones como Memoria Activa y APEMIA reclaman acceso a los archivos que están en poder de otras agencias del Estado, como la Policía Federal Argentina (PFA), que también tuvo un papel importante en los primeros años de la investigación del atentado. En marzo de 2020, el presidente Alberto Fernández firmó el decreto 213 que desclasifica toda la información del atentado, reforzando los decretos emitidos por Cristina Fernández de Kirchner en 2015 y Macri en 2017.
Durante una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), su presidente, Ricardo Pérez Manrique, instó al Estado a operacionalizar ese decreto y no esperar a un fallo condenatorio para hacerlo. En respuesta, el entonces jefe de Gabinete, Juan Manzur, convocó una reunión de trabajo con Soria y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Aunque hubo señales positivas, el tema sigue sin activarse.
El fallo de la Corte-IDH se esperaba para principios de este año, pero el proceso parece haberse retrasado. Las integrantes de Memoria Activa que participaron en la audiencia, Diana Wassner y Adriana Reisfeld, solicitaron a los jueces que emitan una sentencia ejemplar debido a la falta de verdad y justicia en los últimos 29 años.