Fernando Javier Ramírez, un joven que caminaba por el barrio Miguel Lanús en Posadas, murió en una celda de la comisaría tras ser detenido por no portar su documento de identidad. Su deceso, atribuido a la ingesta de una bolsa que contenía cocaína, generó controversia y puso en la mira los procedimientos policiales en la provincia de Misiones.
El incidente comenzó cuando Ramírez, junto con un amigo, fue interceptado por una patrulla motorizada de la Dirección Agrupación Motorizada (DAM) en la calle Georgias del Sur, cerca de la intersección con 10 de Junio. Al no poder acreditar su identidad debido a la falta de documentos, ambos jóvenes fueron trasladados a la comisaría Décima del complejo habitacional A3-2. En ese momento, la policía no detectó signos de que Ramírez había ingerido la bolsa con clorhidrato de cocaína, lo que más tarde le provocaría la muerte.
Los informes médicos posteriores indicaron que la muerte de Ramírez fue producto de una intoxicación causada por la bolsa de estupefaciente que tragó antes de ser aprehendido. Sin embargo, la revisión médica inicial realizada en Sanidad Policial no advirtió esta situación. Poco después de su ingreso a la celda, el joven comenzó a convulsionar y fue trasladado de urgencia al Hospital Ramón Madariaga, donde los intentos de reanimación no tuvieron éxito.
El juez de Instrucción 6 de Posadas, Ricardo Walter Balor, intervino en la investigación y ordenó una autopsia. Los resultados confirmaron que Ramírez había tragado la bolsa de cocaína, y se hallaron restos del envoltorio plástico en su estómago. La familia del joven presentó una denuncia ante el fiscal René Germán Casals, señalando que su detención fue ilegal y que pudo haberse producido una negligencia médica en el procedimiento de revisión.
Este suceso generó una fuerte reacción dentro de la fuerza policial de la provincia. Las autoridades superiores emitieron instrucciones para que los oficiales revisen sus prácticas de detención y actúen con mayor precaución en futuros operativos. Se destacó la importancia de no detener personas sin justificación clara y se recomendó evitar clasificar las aprehensiones bajo términos vagos como “actitud sospechosa” o “sin poder justificar su presencia”. En lugar de esto, se sugirió documentar de manera más precisa las razones que motivan una detención, como la posesión de armas o antecedentes penales.
El caso ha despertado preocupación entre defensores de derechos humanos y ciudadanos, ya que hasta el momento ninguna organización dedicada a la protección de los derechos fundamentales se ha involucrado activamente en la investigación. Las autoridades judiciales continúan analizando si la detención de Ramírez fue legítima y si los procedimientos médicos en la comisaría cumplieron con los protocolos establecidos.
Este lamentable incidente plantea serios cuestionamientos sobre el uso de la fuerza pública y el respeto a las garantías constitucionales en Misiones, en un contexto donde las prácticas policiales están bajo un creciente escrutinio. A pesar de las controversias, aún no ha habido una intervención oficial por parte de organismos de derechos humanos, lo que ha dejado a muchas personas preocupadas por la transparencia en el manejo de este caso.
Fuente: Primera Edición