Comienza en Misiones el proceso de compactación de más de cien vehículos secuestrados

La provincia de Misiones ha iniciado un proceso de desguace y compactación de más de cien vehículos que han sido secuestrados en diferentes causas judiciales y que constituyen un foco de contaminación y riesgo infeccioso. La verificación del proceso está a cargo de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas del Superior Tribunal de Justicia y efectivos de la Policía de la provincia.

Este proceso es la segunda etapa de compactación después de la firma y adhesión provincial a la ley nacional de “Descontaminación y compactación” en 2015. En los dos predios, ubicados en el barrio Aeroclub y en Garupá, se desguazarán los vehículos para obtener los metales y plásticos reciclables, y luego se compactarán para su destino final.

El objetivo principal es reducir el riesgo infeccioso y la contaminación que representan estos vehículos depositados en distintas causas judiciales. La Ley nacional de "Descontaminación y compactación" contempla la compactación de todos aquellos automotores que ocasionen un peligro para la salud, la seguridad pública y el medio ambiente.

La norma establece que, en los supuestos de automotores "y en tanto no corresponda su entrega a quien tenga derechos sobre ellos, el mismo no sea habido o, citado legalmente, no compareciere a recibirlo, transcurridos seis meses desde el día del secuestro, la autoridad encargada del depósito y custodia procederá a gestionar" este proceso de reducción a chatarra.

La labor iniciada principalmente apunta a los denominados depósitos judiciales, vehículos fuera de servicio del Poder Judicial, pero también a los automotores que corresponden a secuestros por diversos delitos y que fueron alcanzados por el marco de la ley mencionada. El primer tramo de la compactación correspondió desde 2015 a transportes y distintos elementos de descarte de las áreas del Poder Ejecutivo Provincial.

El proceso se lleva adelante con el objetivo de proteger la salud y el medio ambiente, y cuenta con la supervisión de autoridades policiales y del Ministerio de Gobierno.


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